El Congreso de los Diputados sacó ayer adelante una medida legal para acortar los plazos de pago a los proveedores, fijándose en 30 días como máximo para la administración y entidades públicas y en 60 en el caso de empresas.
Esta reforma entrará de manera progresiva hasta 2013, año en el que se aplicarán de forma rigurosa los plazos antes señalados. Se calcula que supondrá un ahorro de 10.000 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas, según datos publicados por su patronal.
Fuente: cincodias.com
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